Bruselas (EuroEFE).- El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) pidió este martes a la próxima Comisión Europea que reduzca la fragmentación de la financiación de la Unión Europea (UE) y se centre en ofrecer un apoyo «más eficaz» a la transición justa.
En este sentido, los líderes locales instaron al nuevo Ejecutivo comunitario, que debería empezar a funcionar a finales de año, a que ayude a «mitigar el impacto desigual de la transición verde al tiempo que refuerza la competitividad» en las regiones de la UE.
En un dictamen del ponente Marco Marsilio (IT/ECR), presidente de la región de Abruzzo (Italia), aprobado este martes, el CdR hizo un llamamiento a la Comisión Europea entrante y al comisario designado de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, para que promuevan una transición basada en un enfoque tecnológicamente neutro y que se evalúen los recursos económicos necesarios para alcanzar los objetivos, minimizando así los impactos negativos en los sectores industriales afectados.
«Es fundamental garantizar que Europa apoye a los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales para lograr una convergencia económica y social ascendente», afirmó el CDR, un argumento que también se refleja en la carta de misión de la presidenta Von der Leyen a Fitto, quien también ejercerá como vicepresidente ejecutivo.
➡️President @marcomarsilio's speech introducing the opinion "A Just Transition for all #EU Regions" at today @EU_CoR plenary session🇮🇹 pic.twitter.com/CZvPehgkyY
— ECR Group in the CoR (@ECR_CoR) October 8, 2024
El dictamen del CdR sostiene que, al racionalizar los fondos y proporcionar apoyo específico a las regiones más afectadas por la transición a la neutralidad climática, la UE estará en condiciones de ayudar mejor a las comunidades que dependen en gran medida de los combustibles fósiles y de las industrias con alto contenido de carbono.
Un enfoque basado en el lugar es «clave», ya que cada región representa un ecosistema industrial y socioeconómico único, afirma.
Los líderes locales y regionales pidieron asimismo que la Comisión Europea desarrolle una propuesta para una futura política de cohesión sólida con un fuerte componente de transición.
Esta nueva política debería incluir, dijeron, asignaciones de financiación complementarias, dirigidas específicamente a las regiones que dependen en gran medida de sectores estratégicos con un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y con una gran cantidad de trabajadores especializados, como la industria del automóvil.
En concreto, los líderes locales destacaron el papel fundamental del sector del automóvil e instaron a la Comisión Europea a considerar la posibilidad de revisar antes, en 2025, la legislación que establece los objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y furgonetas nuevos, a fin de garantizar que los fabricantes de automóviles europeos tengan tiempo suficiente para adaptarse.
También subrayaron el potencial de los biocombustibles neutros desde el punto de vista climático para servir como alternativa sostenible a los carburantes tradicionales en los motores de combustión interna.
Por último, pidieron al Ejecutivo comunitario que minimice la fragmentación de los fondos en el próximo marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2027 y aclare las funciones de cada política e instrumento de financiación.
Gastar los fondos de recuperación «más allá de 2026»
Por otra parte, el pleno del Comité Europeo de las Regiones pidió que se aplace la fecha límite para gastar los recursos de los fondos de recuperación más allá de 2026, y alertó que gestionar de forma centralizada esas ayudas pone en peligro la política de cohesión en la Unión Europea.
La gestión centralizada del fondo de recuperación de 650.000 millones de euros, adoptado por la UE para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, «puede poner en peligro la cohesión económica, social y territorial en Europa y corre el riesgo de aumentar las disparidades dentro de los Estados miembros», afirmó la institución que representa a las regiones y ciudades del bloque comunitario.
Ese es el mensaje principal del dictamen elaborado por el alcalde de Coulaines (Francia), Christophe Rouillon, aprobado este martes en el pleno del CdR, y en el que sus miembros mostraron sus inquietudes sobre la eficacia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) pospandemia.
Los líderes locales de la UE afirmaron que la contribución del Mecanismo de Resiliencia Regional a la cohesión solo se aborda de manera superficial en la evaluación intermedia del Mecanismo de Resiliencia Regional, publicada a principios de este año.
Según esa evaluación, hasta ahora se han utilizado menos de la mitad de los fondos del Mecanismo de Resiliencia Regional. Por ello, los miembros del CDR sugirieron posponer la fecha límite de gasto del instrumento a después de 2026.
Además, el CdR reveló que la gobernanza centralizada del Mecanismo de Resiliencia Regional ha ofrecido a algunos gobiernos nacionales la oportunidad de excluir a ciertas ciudades y regiones gobernadas por miembros electos de partidos de la oposición, de las posibilidades que ofrece el Mecanismo de Resiliencia Regional para obtener subvenciones o apoyo europeo.
«Los Estados a menudo han tomado decisiones solos sin tener en cuenta las prioridades locales. El dinero se destina con demasiada frecuencia a los territorios más ricos sin reducir las desigualdades entre regiones», declaró el autor del dictamen.
Rouillon añadió que «los líderes locales y regionales deben participar y escucharse mejor para el uso adecuado de los fondos no gastados y para el desarrollo de un nuevo plan de recuperación, especialmente destinado a la vivienda».
Los dirigentes regionales y locales también abogaron por que las reformas apoyadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tengan «legitimidad democrática» y estén basadas «en la consulta, el diálogo y un enfoque colaborativo».
El Comité de las Regiones es un organismo consultivo de la UE, con capacidad para opinar sobre las leyes presentadas por la Comisión Europea pero sin capacidad para vetarlas, y que actúa como representante de los gobiernos locales y regionales.
Editado por Sandra Municio
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