El Pacto Verde Europeo es la iniciativa más ambiciosa de la Unión Europea, diseñada para abordar la crisis climática y acelerar la transición hacia una economía más verde y digitalizada. Sin embargo, este compromiso también presenta riesgos importantes para las empresas europeas, que deben adaptarse rápidamente a nuevas normativas y condiciones de mercado.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado el dictamen La competitividad de las empresas y la economía de la UE ante el Pacto Verde Europeo, del que he tenido el honor de ser ponente principal. Esta opinión recoge las principales inquietudes de las empresas europeas ante el reto mayúsculo de combinar sostenibilidad medioambiental con competitividad empresarial y crecimiento en términos de empleo y bienestar social, incluyendo, por ejemplo, la garantía del suministro en un esquema de sistemas alimentarios sostenibles. El futuro de Europa, atrapada entre las grandes potencias económicas de Estados Unidos y de China, depende en gran medida de cómo el legislador afronte estos retos.
El dictamen señala que, aunque el Pacto Verde tiene objetivos positivos, su implementación debe equilibrar las demandas de sostenibilidad con la competitividad de las empresas. El CESE destaca que las empresas necesitan un entorno regulatorio más estable y coherente, mayor inversión en tecnología y un diálogo constante entre la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado.
Los objetivos medioambientales suponen quizá el mayor reto para la economía europea desde la Segunda Guerra Mundial y las empresas están comprometidas, pero no pueden acometerlos solas. Especialmente en una Europa a la que siempre se le reprocha el enorme papel de la burocracia, el coste de la legislación es demasiado grande desde un punto de vista económico y estructural y las trabas burocráticas frenan la inversión y el crecimiento. No está de más alzar la mirada hacia una visión global y preguntarse: ¿Qué hacen otras regiones del mundo? ¿Cómo afecta el pacto verde a los consumidores? ¿Y a los empleados? ¿Y a las empresas?
Desde un punto de vista amplio, los principales retos que debemos abordar desde las empresas y las instituciones son los siguientes y veremos, además, cómo impactan en el sector de la distribución alimentaria:
1. Costes y plazos: La rápida implementación de normativas ambientales impone costes adicionales a las empresas. Para muchas, cumplir con estos requisitos puede resultar difícil de acometer sin unos plazos razonables y una fiscalidad asumible, especialmente cuando se cruzan con otras leyes nacionales que, a menudo, pretenden acortar los plazos e incrementar la ambición. Un ejemplo de ello es el Reglamento de Envases y Residuos de Envases y el RD de Envases y Residuos de Envases, que aportan un estrés adicional a las empresas españolas.
2. Innovación tecnológica: No siempre existen soluciones tecnológicas accesibles que permitan a las empresas cumplir con las nuevas exigencias ambientales.
Aumentar la inversión en investigación y desarrollo es esencial para superar esta brecha tecnológica. Podemos, aquí, mencionar otro ejemplo de tan impacto en la distribución de alimentación en España: el Reglamento de Gases Fluorados, que no responde a la realidad tecnológica y a las soluciones técnicas que necesita nuestro país para, entre otras cosas, mantener la cadena del frío en alimentación.
3. Impacto social y económico: La transición verde no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores y a los consumidores. A medida que las industrias se transforman, es crucial garantizar que nadie se quede atrás, promoviendo la creación de empleos bajo una cualificación adecuada y teniendo en cuenta el enorme coste de estos cambios estructurales que, si no se hacen bien, podrían repercutir en el precio de productos básicos de la alimentación, entre otros.
A pesar de todo, el Pacto Verde también presenta grandes oportunidades que es necesario aprovechar. Con un enfoque adecuado, las empresas europeas pueden beneficiarse al posicionarse como líderes en sostenibilidad y eso solo podrá lograrse si se respetan las condiciones de competitividad. Entre las acciones propuestas por el CESE para fortalecer este aspecto están insistir en el diálogo institucional, porque es fundamental involucrar a las empresas y a los trabajadores en el proceso de transición para garantizar un cambio beneficioso para todos; promover un marco regulatorio favorable a la innovación para que las empresas puedan contar con un entorno estable, incluyendo seguridad jurídica y fiscal, que les permita invertir en soluciones sostenibles y tecnológicas de largo plazo; y, por último, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, aprendiendo de las lecciones de la pandemia y de la guerra de Ucrania, es preciso diversificar fuentes de energía y materias primas para garantizar la capacidad productiva europea y evitar nuevas crisis de precios.
En definitiva, podemos estar ante una gran ocasión para que las empresas europeas lideren la transformación hacia una economía global más sostenible. Sin embargo, para que esto sea posible, es esencial que las políticas públicas acompañen en esta transición, ofreciendo el apoyo necesario para que Europa pueda competir. Este dictamen puede ser el inicio de un diálogo muy interesante sobre cómo las empresas pueden prepararse para los cambios que se avecinan. Los eurodiputados que acaban de estrenar legislatura deben estar abiertos al diálogo y a una escucha activa, porque nadie mejor que los sectores económicos saben cómo abordar los cambios, que son necesarios, y con los que están comprometidos, de la manera más eficiente. Solo así podremos convertir un riesgo en una oportunidad y firmar un Pacto Verde y Competitivo.
Felipe Medina es secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), consejero del CESE y ponente del dictamen «La competitividad de las empresas y la economía de la UE ante el Pacto Verde Europeo».
