Luxemburgo/Londres (EuroEFE).- El Gobierno español se limita a cumplir con la legislación europea al impulsar el proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA, aseguraron este jueves el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La enmienda introducida en el proyecto de ley sobre antecedentes penales consiste «simplemente en trasponer una normativa de la Unión Europea«, dijo Grande-Marlaska a la prensa a su llegada al Consejo de Interior que se celebra este jueves en Luxemburgo.
El ministro, que criticó la «desgraciada instrumentalización» por parte del PP de las victimas del terrorismo, manifestó que la polémica enmienda da respuesta a la insistencia de la UE de que España tiene que transponer correctamente la normativa europea sobre el periodo máximo de cumplimiento de las penas.
Esa normativa marco data de 2009 y expone el reconocimiento mutuo de las sentencias dictadas dentro de los países de la Unión Europea al objeto de determinadas decisiones judiciales, como podría ser la determinación del periodo máximo de cumplimiento de las penas, explicó el ministro.
Una normativa que los tribunales españoles aplicaron desde el año de su aprobación, de manera que se tuvieron en cuenta las sentencias dictadas en Francia contra etarras para la acumulación de penas, y que se traspuso oficialmente a la normativa española en 2014, pero de forma «no correcta«, añadió Marlaska.
«En esos términos y a partir de ese momento, siempre la Unión Europea nos ha mirado con la concreción de que no había una correcta transposición de esa normativa«, señaló, y añadió que los tribunales españoles han formalizado varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE por las dudas generadas.
Una enmienda de Sumar
El tema se remonta a hace una década, cuando la legislación española se reformó para adecuarse a una normativa europea que pretende armonizar el cumplimiento de las condenas en los estados miembros y evitar que una persona cumpla penas en varios países por un mismo delito.
En España, el Gobierno incluyó una disposición que impidió que presos de ETA que habían cumplido penas en Francia se beneficiaran del ajuste.
Ahora, la reforma aprobada por el Congreso incluye una enmienda de Sumar (izquierda) -socios del Gobierno socialista- para derogar esa excepción.
La principal representante de Sumar en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, insistió también este jueves en la importancia de trasponer la legislación europea porque es «fuente de derecho» y por el bien de «la democracia española».
«Lo que está haciendo el Reino de España es cumplir con la legislación europea y con las directivas en esta materia«, dijo Díaz a medios españoles durante un viaje a Londres, donde se reunió con la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall.
En el mismo sentido, Grande-Marlaska subrayó lo «relevante» que es «trasponer correctamente una normativa europea donde se dice textualmente la importancia del reconocimiento de las resoluciones judiciales entre países de la Unión Europea», ya que ayuda a la «mutua confianza» entre los Estados miembros.
«Es decir, que una resolución judicial dictada por un juez de Madrid tenga en París el mismo valor que una resolución dictada por un juez de Marsella«, ejemplificó el titular de Interior.
Ese cumplimiento con las obligaciones europeas de España, recalcó Marlaska, compagina con el respeto «absoluto» por parte del Gobierno de España «a los sentimientos de las víctimas del terrorismo«.
«Nosotros siempre lo decimos, no instrumentalizamos a las víctimas del terrorismo y lo único es que nos sirven como de referente ético siempre y en todo momento», concluyó.
El pleno del Senado español acordó el martes, a petición del conservador Partido Popular, aplazar el debate del proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, que se votará en una sesión extraordinaria antes del próximo lunes.
La reforma de esa ley -que permitiría computar en España las condenas de etarras cumplidas en otros países– fue aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Congreso en septiembre y no recibió tampoco enmiendas para el debate en el Senado.
Con el aplazamiento del debate, los populares, mayoritarios en el Cámara Alta, ganan tiempo a la espera de que el Ejecutivo decida si mantiene el texto o lo retira, como ha exigido la oposición.
Editado por Lucía Leal
