Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo este martes que «todavía persisten importantes preocupaciones» sobre la situación del Estado de Derecho en Hungría que llevaron a la Unión Europea (UE) a iniciar un procedimiento que podría retirar el derecho de voto a Budapest, así como a congelar parte de los fondos europeos que tiene asignados.
«El estado actual de los acontecimientos relevantes en Hungría demuestra que todavía persisten importantes preocupaciones», dijo tras un consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE en el que se debatió el procedimiento del Artículo 7 abierto a Hungría en 2018 por sus problemas con el Estado de Derecho.
Reynders recordó que Budapest tiene todavía 19.200 millones de euros en fondos europeos congelados en virtud del nuevo mecanismo que vincula fondos europeos con el respeto al Estado de Derecho así como por incumplir la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Bruselas, no obstante, desbloqueó el año pasado unos 12.000 millones de euros que había retenido después de que el Gobierno húngaro aprobase una reforma para mejorar la independencia judicial.
En este sentido, preguntado sobre si sería posible desbloquear más fondos antes de final de año, Reynders dijo que es una posibilidad siempre y cuando Hungría aborde las preocupaciones expresadas por las autoridades comunitarias.
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El ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, dijo que su país ha adoptado medidas en esta dirección, en particular una enmienda a la ley de fondos fiduciarios de interés público que notificará «en los próximos días» a la Comisión Europea, quien ya había advertido de que la norma no aborda el riesgo de conflictos de interés en los consejos de administración de esas firmas.
«Una vez recibida la notificación tendremos tiempo de evaluar la enmienda y ver si hay progresos», dijo Reynders.
Durante el encuentro varios socios expresaron su preocupación por la falta de avances de Hungría, cuyos problemas con la independencia judicial, la libertad de prensa, los derechos del colectivo LGTBI o las restricciones del derecho al asilo han hecho que Bruselas llegue incluso a llevarla ante los tribunales europeos.
Precisamente el debate ha coincidido con la vista en el Tribunal de Justicia de la UE del caso relativo a la ley de protección a la infancia, que según la Comisión discrimina a las personas LGTBI con medidas como la prohibición de hablar de la orientación sexual en las escuelas. El Ejecutivo comunitario ha estado respaldado en su demanda por varios países comunitarios, entre ellos España.
«Cuando los valores de la Unión están siendo desafiados, ahí vamos a estar. Y desde luego, cuando se trata de discriminar a una población, en este caso por la orientación sexual, es muy importante que se den este tipo de debates», dijo el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro.
«Es preocupante que hay muchas cosas que no van en la buena dirección. Es bueno que usemos todas las herramientas en la caja, sean las procedimientos judiciales, el Artículo 7 o la retención de fondos a Hungría”, dijo la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, quien destacó como «problemática» la ley húngara de defensa de la soberanía.
También Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo criticaron que se ha producido incluso un mayor deterioro de la situación en los últimos años, expresaron su preocupación por esa misma ley, que a su juicio ataca a la sociedad civil, así como por la falta de libertad mediática o la estigmatización del colectivo LGTBI, y llamaron a mantener este procedimiento del Artículo 7 alto en la agenda mientras Hungría no dé pasos importantes para resolver estas cuestiones.
Editado por Sandra Municio
